Gracias a este programa el equipo técnico del Centro de Servicios Sociales sexitano el pasado año atendió a 51 familias y 94 menores
La Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación y el Ayuntamiento de Almuñécar han renovado el convenio de colaboración para la financiación de los Equipos de Tratamiento a Familias (ETF) con menores en situación de riesgo o desprotección. Este acuerdo supondrá una inversión de 122.000 euros, entre la subvención de la Junta (88.000 euros) y la aportación municipal (34.000 euros), de un total 1,7 millones de euros que destina la Junta a la provincia de Granada en 2021.
“Este acuerdo supone la renovación de la contratación de tres profesionales: una trabajadora social, una psicóloga y una educadora familiar. Desde el Ayuntamiento de Almuñécar hemos agradecido a la Junta una vez más la firma de estos convenios ya que es fundamental seguir trabajando por la infancia y las familias más vulnerables. Nuestros niños y niñas son el futuro” manifestó María del Carmen Reinoso.
La edil sexitana resaltó el gran trabajo realizado por los profesionales, en este año tan complicado por la pandemia. Desde Almuñécar hemos pedido que se eleve la aportación de la Junta para poder hacer frente al gasto, ya que desde que comenzamos los convenios de Equipos de Tratamiento Familiar en 2005 la cantidad se ha ido manteniendo durante todos estos años….
“Tenemos que favorecer que los menores puedan permanecer en su entorno y ofrecerle un acompañamiento profesional, a través de la educadora social, psicólogos y trabajadora social, bajo la coordinación de Marta José Rodríguez Fonolla, que atendieron a 51 familias y 94 menores a través de este programa”, señaló la Reinoso.
El delegado territorial de Igualdad, Manuel Montalvo, ha explicado que la Consejería destinará 13,7 millones de euros para el programa de tratamiento familiar en toda la comunidad a lo largo de este año, cantidad que beneficiará a 92 entidades locales y permitirá atender a más de 6.000 familias y 12.000 menores en toda la comunidad.
“La familia juega un papel básico en el desarrollo infantil por los vínculos afectivos que en ella se establecen”, ha insistido, “y es muy importante el esfuerzo y compromiso de las administraciones para satisfacer y preservar ese derecho de los niños, niñas y adolescentes a una protección que garantice su desarrollo integral como personas en el seno de una familia, preferentemente con sus padres”. La labor preventiva de los equipos de tratamiento, realizada con criterios de atención individualizada y proximidad, ha permitido en los últimos años que se hayan propuesto medidas de protección para menos del 5% de los niños, niñas y adolescentes atendidos por este servicio en la comunidad.
1,7 millones para Granada
En el caso de Granada, los 19 ETF atendieron a 1.352 menores procedentes de 662 familias durante 2020. Para el periodo comprendido entre el 1 de mayo de 2021 y el 30 de abril de 2022, la subvención asciende en la provincia a más de 1,7 millones de euros. Esta cantidad se repartirá entre la Diputación provincial (710.448 euros), y los Ayuntamientos de Granada (266.418 euros); Motril (120.526 euros); Almuñécar (88.806 euros); Armilla (88.806 euros); Baza (88.806 euros); Las Gabias (88.806 euros); Guadix (88.806 euros), Loja (88.806 euros) y Maracena (otros 88.806 euros).
Perfil de los usuarios
Según la última memoria de actividad del programa en Andalucía, el 28,6% de las familias destinatarias del servicio son biparentales con menores a su cargo que se encuentran en situación de riesgo social, seguidas por núcleos monoparentales, de madres con hijos menores de 18 años en situación de dificultad social (1.177 familias, el 21,19 % del total de familias atendidas), o familias en proceso de separación o divorcio sin custodia compartida (21,03%). En casi la mitad de los casos, los progenitores no tienen terminados los estudios obligatorios (47,19%), y en un 4% de los casos alcanzan los estudios universitarios.
La mayoría de las familias que participan en este programa no tienen conciencia de la existencia de un problema y del daño de su conducta en los hijos e hijas, y en muchos casos la intervención se produce a raíz de conflictos de pareja o conflictos familiares en la unidad de convivencia (48,64%), generalmente tras una separación conflictiva, uno de los escenarios que más crecen.
Asimismo, el 62% de las familias atendidas tienen ingresos inferiores al Salario Mínimo Interprofesional, por lo que la situación de precariedad o inestabilidad laboral y económica se convierte en elemento de riesgo en 42,92% de los casos. También se detectan adicciones (27,27%), problemas psíquicos o comportamentales (40,47%) o relaciones conflictivas entre padres e hijos (38,83%).
Dejar una contestacion